La verdad se tiene que poder fotografiar.

Libertad de expresión

(Fotografía realizada por Juan Luis Sánchez de Periodismo Humano)

Vengo ahora mismo de la concentración que se ha hecho por parte de compañeros y amigos “en frente” (y lo entrecomillo porque hasta la puerta no se podía llegar…) de la comisaría de Ventura Rodríguez por la detención y retención del equipo que se le ha hecho a Edu León, fotógrafo que cubre habitualmente redadas policiales contra inmigrantes.

El caso es que se está sentando el precedente, por lo que se ve, dentro del gremio policial el hacer uso y abuso de su situación de poder para con los fotógrafos y periodistas que tratan de cubrir una de las muchas verdades que se dan a diario. Verdades las cuales la ciudadanía en general tiene derecho a saber, a tener conocimiento de ellas, para que se puedan generar opiniones reales sobre lo que pasa.

Dejo un artículo de Lydia Molina en Periodismo Humano que trata el tema sobre lo que ocurrió hace ya un tiempo y que, de hecho, ha vuelto a ocurrir.

Prohibído documentar redadas invisibles .

Enmarcados en un sistema o aparato sociológico que vela, supuestamente, por una verdad única para todos basada en la libertad de expresión se están dando, cada vez más, este tipo de abusos por parte de las fuerzas del orden. Fuerzas del orden que se saltan a la torera artículos constitucionales que nos definen como un estado libre, donde cada uno puede pensar y decir lo que quiera. (Con matices, por supuesto, no aplicables en este caso porque todo nace desde la legalidad)

Yo, desde aquí, como mero observador de a pie de toda esta realidad querría promover que se hiciese, no se ni cómo ni de qué manera, la redacción por parte de todos los que se ven enfrascados en esto de un manifiesto fotográfico que recoja y exponga cada uno de los derechos y libertades que tienen los fotógrafos como fotógrafos y como ciudadanos.

Así, adjunto algunos partes de un texto que me pasó Gabriel Pecot acerca de unas jornadas sobre libertad fotográfica que se llevaron a cabo en Valencia que pueden, creo, dilucidar un poco ese tono gris en el que parece encontrarse esta profesión a la que algunos se dedican y otros nos queremos dedicar para que se rija de una vez por todas. Para que podamos ejercerla desde la legalidad sin tener que sentirnos poco más o menos que delincuentes. Y ojo, lo digo yo que aún ni ejerzo de ninguna manera regulada ni nada por el estilo.

Bueno, al grano. Y cito:

———————–

Nuestro trabajo (el de informar) está protegido directamente por la Constitución (art. 20) donde se reconoce el derecho a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión.
El mismo artículo 20 continúa diciendo que el ejercicio de este derecho no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y especifica que sólo podrá acordarse el secuestro de grabaciones, publicaciones y otros medios de información (también fotografías) mediante resolución judicial.
Por tanto, al tratarse de un derecho fundamental, sólo puede verse limitado al entrar en conflicto con otro derecho fundamental o por razones de seguridad en determinados supuestos que marca la ley (por ejemplo en el caso de edificios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado). Los más comunes conflictos con el derecho a la información se producen con los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen.

La libertad de información ha sido matizada por el TC 171/90:
El efecto legitimador del derecho de información que se deriva de su valor preferente, requiere no sólo que la información sea veraz – requisito necesario directamente exigido por la propia Constitución, pero no suficiente – sino que la información tenga relevancia pública, lo cual conlleva que la información veraz que carece de ella no merece la especial protección constitucional”.
TC 83/2002:
La preservación del reducto de inmunidad (de los derechos de imagen, intimidad y honor) sólo puede ceder cuando del derecho a la información se trata, si lo difundido afecta, por su objeto y su valor, al ámbito de lo público, que no coincide, claro es, con aquello que pueda suscitar la mera curiosidad ajena.

¿A quién se puede fotografiar?

– Las personas públicas
– Las personas de notoriedad pública
– Las personas privadas
Las personas públicas son las que ostentan un cargo público, tales como políticos, funcionarios, cargos electos, jueces, policías, ……
A todas estas personas se las puede fotografiar con bastante libertad, pues son las que más restringido tienen su derecho a la intimidad y a la propia imagen, en beneficio del derecho a la información: Lo explica el Constitucional en su sentencia 101/2003: “Las personas que ostentan un cargo de autoridad pública, o las que poseen un relieve político, ciertamente se hallan sometidas a la crítica en un Estado democrático, y si bien no quedan privadas de ser titulares del derecho al honor, éste se debilita proporcionalmente como límite externo de las libertades de expresión e información, en cuanto sus titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general.

¿Puedo fotografiar a un policía trabajando en la calle?
Rotundamente sí, y no hay obligación de taparle la cara. Esto es una deferencia que tiene el periodista con el policía, pero en este caso prima el derecho a la información sobre el derecho a la imagen del poilcía, pues se trata de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

En el caso de los funcionarios, el derecho a la información alcanza a todo lo relativo a sus funciones, incluyendo la parte de su vida privada que alcanza al ámbito de su competencia. Por ejemplo, un funcionario de urbanismo del Ayuntamiento bañándose en la piscina, tiene derecho a la intimidad, pues es una actividad privada, pero si se está bañando con un constructor, en este caso prima el derecho a la información, porque aunque es su vida privada, pertenece al ámbito de su competencia.
El Constitucional dice a este respecto: (STC 54/2004)
En la categoría de personajes públicos deben incluirse desde luego las autoridades y funcionarios públicos quienes deben soportar en su condición de tales el que las actuaciones en el ejercicio de sus cargos y funciones se vean sometidos al escrutinio de la opinión pública y en consecuencia, a que no sólo se divulgue información sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones sino, incluso, sobre lo que digan o hagan al margen de las mismas, siempre que tenga una directa relación con el desempeño de sus cargos.

Sobre la retención del material fotográfico.

Sólo un juez puede retener una publicación o información, cuando considere que existe la vulneración de otro derecho fundamental, o se pone en riesgo la seguridad el Estado o la integridad de sus insituciones.
Ningún funcionario puede retener un material informativo. Ningún policía puede reterner la cámara o la tarjeta. Esto sólo lo puede hacer un juez. La censura previa está prohibida por la Constitución y castigada en el código penal con penas de inhabilitación absoluta de seis a diez años:
(art. 538 del Código Penal):
La autoridad o funcionario público que establezca la censura previa o fuera de los casos permitidos por la Constitución y las leyes, recoja ediciones de libros o periódicos o suspenda su publicación o la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva, incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta de seis a diez años.

Sobre la obstaculización del ejercicio de la libertad de información mediante coacción.

La coacción consite en impedir a otro con violencia lo que la ley no prohibe y se castiga con penas de prisión de seis meses a tres años. Cuando la coacción se ejerce para impedir el ejercicio de un derecho fundamental se impondrán las penas en su mitad superior.ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO PENAL.
Impedir la entrada de un periodista a un acto público o retirar una tarjeta con fotografías o borrar las fotografías o destruir el material, puede constituir un delito de coacción y también un delito de censura previa.

Sobre las detenciones

Cualquier funcionario público está obligado a identificarse para solicitarnos documentación y sobre todo si va a proceder a detenernos.
Si nos detienen, tenemos derecho a solicitar comparecer ante el juez. Esto lo establece la Constitución en sus artículos:
Artículo 24
1.Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco y secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.
4. La Ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la Ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

———————–
Total, que no se si ayudará mucho o poco, pero al menos creo que esta breve reseña de un gran texto redactado por, creo, Alberto Di Lolli puede ayudar a saber un poco en qué marco nos movemos y de qué manera. Para que este tipo de cosas no se vuelvan a dar. Y que el hecho de ver a algunos amigos no sea en contextos de este estilo. Tener que manifestarse a estas alturas acerca de la libertad de expresión es poco más o menos que distópico. Y reitero, esto no es más que mi pequeño granito de arena sobre el tema gracias al trabajo de otras personas que han redactado cosas como las citadas anteriormente para el beneficio de muchos otros.

SOBRE LAS DETENCIONES
Cualquier funcionario público está obligado a identificarse para solicitarnos documentación y sobre todo si va a proceder a detenernos.
Si nos detienen, tenemos derecho a solicitar comparecer ante el juez. Esto lo establece la Constitución en sus artículos:
artículo 24
“1.Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco y secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.”y el el artículo 17
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.
4. La Ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la Ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

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3 comentarios en “La verdad se tiene que poder fotografiar.

  1. Es un poco extraño que ocurran estas cosas. Te hace pensar, o al menos a mí me ocurre, en que la libertad de expresión es como la igualdad entre las personas, parece que nunca se va a establecer del todo.
    Por eso tiene que seguir habiendo gente que denuncie y, como dices tú, que ofrezca todas las perspectivas para que los demás desarrollen una opinión lo más cercana posible a la realidad.

    Un beso, Munera!

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